La formación fija así su postura a dos días de que el Senado aborde la cuestión y debata sobre varios proyectos de ley similares en ese sentido y, después de que el resto de partidos importantes ya se pronunciaran a favor del desbloqueo de las conocidas como “listas sábanas”, entre ellos el Partido Colorado y el Liberal.

En un comunicado, la coalición liderada por el expresidente Fernando Lugo alienta además a sus partidarios a que participen de la manifestación convocada para el mismo jueves en que la Cámara Alta debata y vote los proyectos y a la que ya se adhirieron otras formaciones como los liberales.

No obstante, el Frente Guasu considera el desbloqueo de las listas cerradas como una “medida incompleta” y “cosmética” que “no corrige” las “distorsiones” que, a su juicio, tiene el sistema electoral de Paraguay y que “pervierten la voluntad popular”.

Por ello piden una reforma “profunda” del sistema que aborde cuestiones como la financiación de las campañas electorales con objeto de aumentar el “control” sobre el origen del dinero que reciben los partidos, “muchas veces de origen dudoso”, añade.

También advierten de la necesidad de que los resultados electorales sean auditados para “detectar irregularidades” y evitar fraudes en los recuentos de votos.

La formación izquierdista carga contra el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al que considera que “no representa” la pluralidad del país y que, asegura el escrito, participa de “irregularidades” y acompaña “actos fraudulentos”.

El Frente Guasu no especifica qué proyecto apoyará ya que, entre los tres presentados, dos de ellos establecen un desbloqueo parcial en el que los ciudadanos podrán elegir el orden en que los candidatos se incluyen en las listas, pero no su composición.

El proyecto que contempla la elección completa de la composición y el orden de las listas fue presentado por el senador Paraguayo Cubas.

La mesa directiva de la Cámara Alta, presidida por el senador Silvio Ovelar, junto a líderes y vice líderes de bancadas, recibió en reunión reservada a Emiliano Rolón, fiscal general del Estado y comitiva. El encuentro se realizó en la sala de sesiones del Senado y abordó el caso de Marcelo Pecci.

De la reunión participaron los senadores Antonio Barrios, Basilio Núñez, Natalicio Chase, Hermelinda Alvarenga, Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Lilian Samaniego, Javier Zacarías Irún, Orlando Penner, Líder Amarilla, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Arnaldo Samaniego y Celeste Amarilla. Mientras que la comitiva que acompañó al fiscal general estuvo integrada por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Alejandro Cardozo, Alicia Sapriza, Giovanni Grisetti, Manuel Doldán y Cristian Ortiz.

El senador colorado Antonio Barrios aseguró en entrevista con el canal GEN que convencieron las argumentaciones brindadas por el Fiscal General, sobre quien dijo que “estuvo brillante” en su exposición ante la Cámara Alta.

“Como médico entiendo poco de lo jurídico, pero el fiscal general hizo un 10 a cero, un conocimiento acabado de lo que es el derecho penal, refutando muchas preguntas que no eran muy claras. Tuvo una defensa espectacular, llevó un quepo técnico de fiscales y llenaron todas las expectativas”, dijo. “El fiscal general mencionó que la justicia se debe basar en hechos y no en publicaciones. Más claro agua”, agregó.

Cuestionó, no obstante, que algunos de sus colegas de la oposición pretendieron implementar durante la reunión una “especie de interrogatorio-interpelación”, cuando que un Fiscal General no puede ser interpelado, de acuerdo con la Constitución Nacional. En este caso, Emiliano Rolón asistió solo en carácter de invitado. “Nosotros no podemos interpelarlo, solo podemos hacerle un juicio político. Se debía tener más tacto pero él aguantó todo. Aceptó nuestra invitación por gentileza, porque podía más bien mandar solo a su equipo, pero decidió él ir personalmente a reunirse con nosotros. Estuvo muy bien”, acotó.

Barrios ahondó que durante el encuentro reservado la bancada oficialista tuvo que pedir disculpas al Fiscal General por los exabruptos de un colega opositor, a quien prefirió no nombrar en atención a que el encuentro fue de carácter reservado y los pormenores no pueden revelarse al público. “En el Senado se acostumbra a hacer escándalo para tener notoriedad. Yo no comparto eso, prefiero la seriedad y templanza, antes que armar escándalos para tener protagonismo”, lanzó el colorado oficialista.

Finalmente el legislador lamentó que un sector político pretende desviar la cuestión mientras la justicia trabaja de manera seria. “No nos preocupa tanto porque estamos blindados ante el show que dan”, agregó.

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En entrevistas con medios de comunicación, Nakayama señala que la FGE ‘nunca’ pidió entrevista y reuniones con su par, la Fiscalía de Colombia, para seguir la pesquisa sobre el caso Pecci.

Nakayama invoca una nota de felicitación cuando asumió la nueva fiscal colombiana, para decir que la única nota de la Fiscalía, fue para dicha felicitación.

El documento de la Fiscalía General del Estado, menciona que la verdad es otra, diametralmente opuesta a lo expresado por el parlamentario.

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La nota del Fiscal Emiliano Rolón a la Fiscalía de Colombia:

“Tengo a bien dirigirme a usted, en el marco de nuestra acostumbrada cooperación, a efectos de solicitarle su atención, referente a facilitarme y coordinar entrevistas presenciales con el equipo de Fiscales y del cuerpo técnico de investigación que en Colombia adelantan y están actuando en el caso formado tras el asesinato del ex fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, así como con quienes esta Fiscalía General de la Nación considere de interés con el avance de la investigación del caso”, dice el pronunciamiento del Ministerio Público.

El posicionamiento fiscal fue corroborado, incluso, por la abogada Cecilia Perez (representante de la viuda de Marcelo Pecci), quien admitió la existencia ee 17 notas de la Fiscalía paraguaya, enviada a la colombiana, que todas relacionadas a la investihaciòn del magnicidio.

La acusación formulada por la Fiscalía contra Miguel Insfrán, alias Tío Rico, para elevar la causa a juicio oral, revela un grave nexo entre el narco y un director de inteligencia de la Senad, designado por Arnaldo Giuzzio. La evidencia está en una serie de conversaciones entre Tío Rico y Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas.

Para el ministro del Interior, Enrique Riera, todo empieza a cerrar ahora, pues, desde la épica en que se levantó el control en los puertos y se retiró el servicio de canes entrenados, la estructura ya estaba permeada, aliada y coordinada para no cumplir lo que manda la ley.

“Si el director de inteligencia de la oficina encargada de la lucha contra las drogas está metido en el baile, entonces, ¿qué garantías teníamos los ciudadanos?”, se preguntó Riera, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

El secretario de Estado trajo a colación la serie de ataques políticos propiciados durante la era Abdo contra la administración anterior, a través de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación), el avión iraní y otros hechos con los que, a su criterio, se desvela que estaban desviando la atención.

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Para Riera, todo esto es gravísimo, pues implica que el Estado estaba más preocupado en perseguir a sus adversarios políticos que en cumplir sus propias funciones.

“Esta es la punta del ovillo hay que empezar a estirar el carretel para ver la punta dónde está”, afirmó el ministro, quien cree que, en cualquiera de los casos hay responsabilidad por acción o por omisión. “Esto tenía vínculos hacia abajo, con funcionarios menores y hacia arriba, con protección política”, enfatizó, en alusión al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

A estos se suma la investigación que podría abrirse contra el funcionario afín a Giuzzio por su colaboración con la mafia. A criterio del actual titular de la Senad, Jalil Rachid, a simple vista, solamente mirando este estracto de chats, salta un concurso de hechos punibles, entre ellos, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y violación de la confidencialidad del secreto profesional.

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